Igualdad negativa

Igualdad negativa

El pasado 21 de mayo la estatua de Colón en Barcelona apareció ataviada con una camiseta del Fútbol Club Barcelona. El Ayuntamiento de la ciudad lo había autorizado como parte de una campaña publicitaria por la cual declaró ingresar 94.000 euros. La decisión del consistorio ha suscitado un amplio debate y una polémica cuyas consecuencias invitan a una reflexión sobre el uso público de símbolos privados.

Dos días después de este hecho, el presidente del otro club de primera división del fútbol nacional de la ciudad, el Real Club Deportivo Español, afirmaba, en el lenguaje chabacano de quien se siente dominado por el enfado, que se encontraba “muy molesto por la camiseta del Barça en Colón”, pues “si hubiesen puesto tres millones, me quejaría igual. Estas cosas no tienen precio, hay una ordenanza que prohíbe la publicidad en monumentos y se la han pasado por el forro, es una injusticia”. “El culpable es totalmente el Ayuntamiento de Barcelona”. “Nadie puede pensar que en Roma, en la Fontana de Trevi, pase esto. Ni en Múnich, ni en Milán. Que estas cosas sean normales, sólo pasa aquí. Y el Barça, como institución, no es el responsable. El culpable aquí es el Ayuntamiento de Barcelona”. “En Cataluña, cuando se habla del Barça se está convirtiendo en normalidad algo que no lo es. Los pericos y toda la gente de Barcelona que no son del Barça, o a quienes no les gusta el fútbol, también deben de sentirse molestos”. En el cruce de declaraciones el Ayuntamiento de Barcelona ha defendido la decisión alegando no sólo los ingresos económicos sino asegurando que “nadie se queja si se pone Nokia, Seat u otra marca comercial”. Al debate se han sumado también el resto de las formaciones políticas de la ciudad: desde las filas del Partido Socialista de Cataluña se ha declarado que “el Colón azulgrana incumple totalmente la normativa"; desde el Partido Popular se ha criticado que el consistorio ceda monumentos para que sean usados como soporte publicitario, “más allá de que la camiseta sea azulgrana o blanquiazul”; desde Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa se ha pedido que se retire la campaña publicitaria por la que se ha puesto la camiseta de la estatua de Colón y se ha exigido explicaciones al alcalde.

¿Es razonable esta polémica? ¿Tiene sentido que los miembros de otros clubs de fútbol se sientan agraviados por la utilización de símbolos que pertenecen a toda la ciudadanía -como la estatua erigida a la empresa marítima de Colón-, más allá de sus pertenencias particulares, ya sean clubs de fútbol, de piragüismo o incluso críticos con el uso mediático, económico o político del deporte en general y del fútbol en particular? El problema es que el alcalde ya ha sido acusado de ser seguidor del Barça, de saltarse la normativa municipal y de utilizar su cargo en beneficio de su afición personal a ese club de fútbol.

Comparemos esta situación con el uso público de espacios o símbolos por parte de creencias religiosas, con la presencia permanente de imágenes, esculturas o la financiación para cualquier tipo de actividad de la que goza la Iglesia católica en España: Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que financian reconstrucciones de edificios para uso privativo e incluso lucrativo, participación como miembros electos de consistorios o gobiernos regionales o nacionales en todo tipo de oficios religiosos, renovaciones municipales a los votos del dogma de la concepción inmaculada de la Virgen María, necesidad de consentimiento episcopal para la propuesta y aprobación de leyes civiles, el nombramiento de alcalde o alcaldesa perpetua a los patronos o patronas locales, incorporación de ritos católicos en actos civiles y un largo etcétera. Al menos con el asunto de la “camiseta de Colón” el Ayuntamiento puede alegar que obtiene un beneficio económico y que tiene una duración en el tiempo limitada, aunque para ello viola la normativa municipal y ofenda a los seguidores de otros clubs de la ciudad. ¡Y es que cómo son estos catalanes, se quejan hasta cuando ganan dinero…! Qué más da que el Estado digan que sea aconfesional, qué más da que vivamos una situación de penuria económica, qué más da la protección de la libertad de conciencia, la igualdad y la no discriminación jurídica. Lo importante es que el poder eclesiástico logre el dominio de las conciencias y el control simbólico del espacio público y si lo hace a costa de rentabilizar el narcisismo ultramontano de ciertos políticos, todos contentos. Los católicos que no estén de acuerdo con estos procedimientos (Cristianos de Base, Hermandad Obrera de Acción Católica, Asociación Juan XXIII, Juventud Obrera Cristiana, Cristianos por el Socialismo o el Concilio Vaticano II), el resto de cristianos, los creyentes de otras religiones, los agnósticos, los ateos o los irreligiosos, que se fastidien y que financien con sus impuestos la fiesta de la Ciudad de Dios hecha carne, con su Verdad única, inefable, infalible y salvadora. Es lo bueno de tener un régimen político bipartidista y bien controlado por los poderes eternos: Dios (jerarquía de la Iglesia Católica), Patria (la élite española del poder económico y su ideología nacionalcatólica) y Rey (Monarquía).

Volvamos a los ejemplos futbolísticos. Dado que la Constitución me garantiza tener libertad de movimiento, libertad de asociación y libertad de reunión y -pongamos por caso- soy seguidor del Real Madrid, tengo derecho a asistir al Santiago Bernabéu cuando juegue mi equipo. Dado que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los españoles, exijo que el Estado me ponga un taxi en la puerta de mi casa, pagado por él, para llevarme al estadio cada vez que haya partido. En caso de no hacerlo denunciaré la persecución de la que soy objeto por ser aficionado al Real Madrid.

Un razonamiento de este tipo sería absurdo y ridículo, ¿verdad? Supongamos ahora que en vez de seguidor madridista soy católico y pretendo que el Estado pague las clases de religión católica a mis hijos por medio de un personal seleccionado por el obispado y en edificios de su propiedad. En caso de negarse proclamo públicamente persecución religiosa, declaro que se violan mis derechos de libertad de enseñanza y denuncio que los poderes públicos no están garantizando mi derecho como padre a que mis hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con mis propias convicciones. Es más, en cuanto tienen la ocasión, los prelados consiguen que mis creencias religiosas sean equiparadas al conocimiento científico y la nota media obtenida por mis hijos en clases de religión pasa a valer tanto como “las demás”. Buena excusa para que las personas que las imparten, elegidas a dedo por el obispo de turno, inflen las calificaciones para atraer clientela y vigilen al “resto del profesorado” en sus comportamientos. Esto último no es broma. Después de 1939, estos individuos, generalmente sacerdotes, contribuyeron activamente a las purgas del profesorado y a sus enjuiciamientos por motivos ideológicos, como buenos soldados que fueron del ejército criminal al que servían.

No es legítimo que yo sea alcalde y autorice a vestir una estatua de mi ciudad con la camiseta de mi equipo. Tampoco es legal. No es legítimo que el Estado me pague el taxi para ir al estadio a ver a mi equipo, por mucho que los seguidores del Madrid seamos mayoría, –si así fuera–. Tampoco es legal. Y no es legítimo –dejemos la legalidad fuera del debate–, porque sencillamente estaría discriminando al resto de seguidores de otros equipos de fútbol, por no hablar de los aficionados de otros deportes o de quienes no le gusta el fútbol, el deporte en general o ambas cosas al mismo tiempo. Dado que hay muchos equipos de fútbol, muchos deportes distintos, muchas opiniones al respecto y vivimos en una sociedad plural, lo mejor es no discriminar ninguna y tratar a todas por igual, manteniéndome como Estado en una actitud de imparcialidad.

La no discriminación, es decir, la igualdad negativa, es, junto con la libertad de conciencia el reverso del principio onto-jurídico del laicismo. O la democracia es laica o es un mero sucedáneo, más o menos dulce, según convenga conceder a los poderes fácticos. Por lógica y por justicia urge un Estado laico.