En el paraíso (IV)

La Iglesia católica conoce bien, desde que el diezmo se hiciera obligatorio para ella a partir del siglo VI, lo importante que son los recursos ajenos para su economía. Ya en el siglo XIV, versificaba el Arcipreste de Hita el apego clerical al dinero, cuando decía: “donde hay mucho dinero hay mucha bendición…”. En la España posterior a 1978, se observa que el diezmo se ha transfigurado en contribución obligatoria y universal a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y es que la multimillonaria Iglesia católica ingresa cada año del erario público cientos de millones de euros sólo a través de este medio. El mecanismo tiene una historia no siempre conocida. Su punto de partida se encuentra en los Acuerdos económicos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, los cuales apuntaban hacia la autofinanciación progresiva de la Iglesia católica en su artículo 2.5. Sin embargo, este propósito se fue revelando como una quimera después de siglos de ser subvencionada, revelación, por otra parte, que ya se tenía prevista en los artículos 2.2, 2.3 y 2.4 de esos mismos Acuerdos mediante un procedimiento transitorio, ¡aunque sin fecha de caducidad! Desde la Campaña IRPF de 1988 se estableció el denominado “impuesto religioso” por medio de la asignación tributaria. El procedimiento consistió en sustituir el pago directo de dinero público como dotación global a través de los Presupuestos Generales del Estado, como se venía haciendo hasta ese año, por un trámite administrativo obligatorio para todos los ciudadanos con el fin de favorecer la financiación de una organización ajena a la estructura del Estado. El resultado, por la gracia divina y auspiciado en época de mayorías absolutas del Partido Socialista Obrero Español en generosa aplicación del artículo 2.2 de los mismos Acuerdos, fue que el 0,5239% de lo recaudado en la Declaración de la Renta, –unido a diversas exenciones tributarias recogidas en los artículos 3, 4 y 5–, pasaba a formar parte de las arcas anuales de la Iglesia católica, para lo cual el Estado adelantaba mes a mes la previsión de la cifra total, con el fin de poder atender a las autodeclaradas “necesidades” de la Iglesia católica. Casualmente todos los años se excedía en la cantidad adelantada, aunque el Estado condonaba la cantidad del exceso año tras año. En esta situación, todos eran felices y nadie se quejaba. Bueno, algunos osados diputados socialistas sí lo hicieron, pero fueron rápidamente condenados al ostracismo político.

La consensuada felicidad clérico-política la rompió el Parlamento Europeo cuando denunció a España por estas prácticas que suponían un inaudito privilegio que violaba la más elemental igualdad jurídica en un Estado de Derecho. En 2006, se pensó en atender la reiterada denuncia de la Unión Europea, que comenzaba a plantear sanciones a España, y se “acordó”, por un lado, subir el porcentaje recaudatorio al 0,7% para poner fin a la reclamación europea sin que la Iglesia católica viese menoscabados sus ingresos precedentes del dinero de todos los contribuyentes y, por otro lado, reorganizar la casilla alternativa destinada a “otros fines” –cuyos criterios de selección sólo suelen superarlos organizaciones vinculadas a la Iglesia católica-. El resultado fue que el nuevo modelo aportaba más dinero aún a la Iglesia católica. Y en esta renombrada felicidad seguimos.

En cifras, según el B.O.E. y con perspectiva histórica, lo que todos los españoles pagamos anualmente a la Iglesia católica a través de la Declaración de la Renta, en función del porcentaje de las personas que señalan la equis -un 33% aproximadamente en la última década-, es lo siguiente: en 1988, a través del IRPF “se recaudaron” 83.198.015 millones de euros, de los cuales 41.520.363 millones de euros los tuvo que añadir graciosamente el Estado para cubrir lo que la propia Iglesia católica consideraba sus necesidades; en 1994 lo “recaudado” a través del IRPF fueron 109.985.215 millones de euros de los que 18.697.847 millones de euros fueron abonados por el Estado para alcanzar la cifra estipulada según las “necesidades” clericales; en 1997 la cifra “recaudada” fue de 120.875.554, de los que el Estado asumía alegremente 29.136.731 para igualar la “tarifa clerical”; en 2002, la cifra ascendió a 133.310.039 de los cuales 27.271.402 millones de euros eran suplementarios del Estado. Actualmente, en la campaña de IRPF de 2011 con una recaudación sin “sobre-sueldos” –ya no son necesarios porque el cálculo legal hace casi duplicar los anteriores ingresos-, la financiación del culto y del clero católico obtuvo 248,3 millones de euros. En la última campaña, la de 2012, la recaudación ascendió a unos 247 millones. Para la campaña de 2013 aún falta unos meses, aunque en breve comenzará la Conferencia Episcopal a hacer publicidad en todo tipo de medios para que el declarante marque la casilla de la Iglesia católica “Xtantos”. El coste de esa publicidad lo tiene más que amortizado.

En definitiva, treinta y cuatro años después de que la Iglesia católica declarara que buscaría su autofinanciación todavía hoy sigue viviendo del dinero público. Si un acuerdo se incumple por una de las partes, ¿es de obligado cumplimiento para la otra? La realidad nos dice que esta última no sólo no incumple el acuerdo sino que colabora con la parte incumplidora para que siga por el mismo camino. Deus caritas est y, por tanto, ¡a la Iglesia lo que pida! Éste es parte, sólo parte, del resultado económico de la trama política, jurídica e institucional urdida desde 1978 y levantada sobre el fascismo nacionalcatólico. Cada Gobierno en ambos periodos –dictadura y democracia– ha participado activamente en el saqueo al pueblo español a favor de la Iglesia católica: armonía preestablecida en estado puro.